Por José María Orgeira 

I. El secreto sumarial en el código anterior (Ley 2372 y modificaciones).

                               De acuerdo a lo establecido en el art. 180, el sumario era secreto cuando:

        a) se iniciaba por prevención (policíal, de la prefectura, etc.) hasta transcurridos diez días de la recepción de las actuaciones por el Juzgado;

        b) se iniciaba en los tribunales, durante los primeros diez días;

        c) el juez prorrogaba el secreto inicial;

        d) el juez reimplantaba el secreto sumarial.

                               Cabe señalar que el juez podía levantar el secreto antes de que venciera el plazo fijado por la ley o previamente establecido por él y que estaba facultado para prorrogar o reimplantar el secreto -por auto fundado- un número ilimitado de veces.

II. El secreto sumarial en el nuevo Código.

                               Según el art. 204 la publicidad del sumario para las partes y sus defensores (1) recién se alcanza después de la declaración indagatoria, salvo que el juez ordene expresamente el secreto por resolución fundada, por un período que no puede superar los diez días y sólo una vez, salvo circunstancias particulares -gravedad del hecho o la dificultad de la investigación- que justifiquen una prórroga por otro lapso igual.

                               En cuanto a reimplantar el secreto, sólo es posible si aparecieran nuevos imputados.

III. Problemas de interpretación que plantea el nuevo régimen procesal.

                               Pese a que en el art. 204 se garantiza  que "el sumario será público para las partes y sus defensores", si interpretamos literalmente lo que está agregado a continuación  nos encontramos con que:

        a) la querella, una de las partes, se convertiría en un convidado de piedra en el sumario hasta que el juez disponga y reciba declaraciones indagatorias; con lo que, si los imputados están prófugos o el magistrado a cargo de la instrucción decide recibirles sólo declaración espontánea (Arts. 73 y 279) (2), puede permanecer indefinidamente al margen de la investigación, sin posibilidad de controlar la prueba que se produzca ni colaborar en esa producción. Unicamente podría peticionar a ciegas que se ordene tal o cual medida, sin saber siquiera si se ordenaron antes o cuáles otras parecen conducentes en función de las cumplidas;

        b) el imputado conocedor de la existencia de un proceso en su contra, podría presentarse espontáneamente a dar explicaciones (art. 73) o ser citado a ese fin por el tribunal (art. 279), sin derecho -tanto él como su defensor- a tomar conocimiento del expediente. Si no se ordena su declaración indagatoria (art. 294), el imputado podría seguir así por un lapso indeterminable de tiempo.

IV. La interpretación correcta: el fallo objeto de comentario.

                               La Sala 7a. ha hecho a nuestro juicio una interpretación correcta del art. 204 (3), porque si un proceso no tiene un desarrollo lógico que conduzca en un tiempo razonable a la recepción de la declaración indagatoria, porque el juez no la ordena -lo que sucede cuando no encuentra mérito para ello-, salvo que el magistrado esté a la espera de la producción de determinadas pruebas e implante el secreto sumarial para preservar su producción, debe permitir el acceso al expediente.

                               Como bien dicen los Jueces de Cámara, el conocimiento de la imputación y de las pruebas pertinentes es inherente a la garantía constitucional de la defensa en juicio.

                               Por las consideraciones señaladas en el capítulo anterior, estoy persuadido de que tampoco se puede vedar el acceso al sumario a la parte querellante, que goza en pie de igualdad con el imputado de ese derecho de defensa en juicio (4).

                               Sin pretender agotar la casuísticas, agrego también otras hipótesis: 1) la víctima, para resolver si se presenta como parte querellante (5); 2) el imputado que provoca oficiosamente la investigación de su conducta y que, de lo contrario, excita la actividad jurisdiccional que luego no podrá controlar.  

 (1) Sobre cuándo hay abogado defensor con la reforma de la ley 23.984, ver mi estudio en J.A.t.   , pag.    (ejemplar del 2/12/92).

 (2) Como tuve ocasión de señalar al tratar el tema de "Las declaraciones del imputado después de la reforma introducida por la ley 23.984 (L.L.1992-E, pag. 999), bien puede suceder que el juez de instrucción se limite a recibir la explicación espontáneamente brindada por el imputado (Art. 73) o le tome declaración sin las formalidades propias de la indagatoria (art. 279), con lo que no existiría técnicamente indagatoria (Art. 294) y por ende, en esa concepción restringida, acceso al sumario.

(3) El tema del secreto sumarial, entre otros, ha sido objeto de análisis por un grupo de abogados que nos reunimos regularmente en la Asociación de Abogados para debatir los problemas de interpretación que genera la reforma introducida por ley 23.984. Constituídos en "Seminario Permanente de Derecho Procesal", con la participación, entre otros, de los dres. Miguel Angel Almeyra, Ana Andisco, Juan José Avila, Gabriela Baigún, Gustavo Bobbio, Luis Mario Cabral, Zenón Cevallos, Enrique Clapera, Luis Darritchon, Luis Dobniewsky, Alberto Faes, Osvaldo Natansohn, Marta Nercellas y Emilio Valle. No sólo ha existido coincidencia en cuanto a que el fallo de la Sala 7a. que motiva este comentario señalaría el camino correcto, sino que nos propusimos, además, seguir abordando otras cuestiones de igual o mayor importancia (sólo a título ejemplificativo: qué se entiende por motivación de los recursos, exigencia de cumplir íntegramente con los requisitos del art. 83 para el denunciante que se constituye en querellante, sobreseimiento del imputado o archivo de las actuaciones cuando subsiste la duda y la prueba no está agotada).