La doble persecución penal de las falsas denuncias calumniosas

Por José María Orgeira

I

El caso que motiva el comentario.

                                    1. El señor L. D. y su esposa promovieron la acción penal contra el escribano C.A.C. por falsedad de instrumento público (Art. 292 C.P.). El juez de instrucción sobreseyó por inexistencia de delito y sacó testimonios de la causa para que se investigara al matrimonio por falsa denuncia (Art. 245 C.P.).

                            El proceso por falsa denuncia concluyó con sobreseimiento por prescripción de la acción penal.

                            2. Ya con anterioridad, el escribano se había presentado como querellante ante otro juez correccional, por considerar que L.D. había incurrido en calumnia e injuria (Arts. 109 y 110 C.P.) al remitir una carta al comprador de una propiedad anunciando que ejercería la acciones correspondientes porque había sido falsificada su firma en una escritura pública protocolizada por él.

                            El juez a cargo del juicio por delitos contra el honor, que inicialmente había tenido trámite, declaró la nulidad de lo actuado por considerar violado el principio del “ne bis in idem”. Interpretó que el mismo hecho ya había sido juzgado en la causa por falsa denuncia.

                             El escribano promovió recurso de apelación ante la Cámara en lo Criminal y Correccional, primero, y la Cámara de Casación Penal, mas tarde, pero no logró conmover el pronunciamiento adverso a sus pretensiones. Se mantuvo la doctrina sentada hace cerca de 50 años en el plenario “Bulog, Jorge”, que delimita la aplicación de los Arts. 245 C.P. (falsa denuncia) y 109 C.P. (calumnia), tornando imposible el concurso ideal o real previsto en los Arts. 54 y 55 del C.P. cuando alguien imputa falsamente ante la justicia penal un delito de acción pública contra una persona determinada.

                                                        II

Reflexiones complementarias.

                                    Si bien los datos reseñados se pueden encontrar leyendo muy atentamente en el pronunciamiento judicial que origina la glosa, lo cierto es que se ha perdido la costumbre de algunos ilustres magistrado -entre ellos, el inolvidable Ernesto J. Ure-, de brindar en forma ordenada la síntesis del caso, con todas las incidencias que lo caracterizan.

                            Sin embargo, es posible desentrañar que cuando L.D. le remitió una carta al comprador de su propiedad atribuyéndole una intervención dolosa al escribano C.A.C. en la escritura que contenía su firma falsificada, habría incurrido -por la falsedad de la imputación- en una ofensa al honor anterior y distinta a la que exteriorizó luego judicialmente.

                            Pero como L.D. no se limitó al anuncio contenido en la misiva, porque concretó su denuncia, el hecho central y gravitante consiste en haberle imputado al notario ante la justicia penal  un delito de acción pública que éste no había cometido.

                                                        III

Calumnia y falsa denuncia. Pasa el tiempo y la confusión se mantiene.

                                    La dificultad de interpretación de los Arts. 109 C.P. (calumnia) y 245 C.P. (falsa denuncia) es notoria y generalizada. La mayor parte de los abogados que no se especializan en derecho penal, piensan erróneamente que, comprobada la inexistencia del delito de acción pública referido en una denuncia o querella contra persona determinada, queda expedita la vía para imputar falsa denuncia, cuando sólo al agraviado por la falsa imputación puede promover querella por el delito de calumnia, que es de  acción penal privada.

                            El problema deriva de la inclusión en nuestro Código Penal de dos figuras delictivas que presentan problemas insalvables para su aplicación conjunta.

                            La falsa denuncia del Art. 245 del C. Penal, fue incorporada en octubre de 1949 por la ley 13.569. Se castiga con prisión de dos meses a un años al que “denunciare un delito ante la autoridad competente”.

                            La calumnia del Art. 109 del C.Penal, tiene pena de uno a tres años de prisión. Aparece definida como “falsa imputación de un delito que de lugar a la acción pública”, sin distinguir entre la atribución deshonrosa judicial o extrajudicial (ambas están comprendidas) y el damnificado sólo dispone de la acción penal privada (Art. 73, inc.2º, del C.Penal).

                            La falsa denuncia tiene pena mucho menor que la calumnia; es un delito de acción pública y, comprobada su existencia, cualquier autoridad impulsa obligatoriamente la iniciación del juicio penal, con participación oficiosa en el  proceso  del Juez y del Fiscal, con sumario y debate oral.

                            En cambio, la acción penal por calumnia sólo la puede promover el ofendido, mediante una querella -con trámite propio para los delitos de acción privada- (Art. 415 y sig. del C.P.P.), sin etapa instructoria ni intervención del Ministerio Público, que sólo controla la legalidad del procedimiento.

                            Parece ocioso agregar que resulta imposible pensar en una interpretación que permita encuadrar ciertas conductas en las dos figuras penales, pretendiendo aplicar las reglas del concurso ideal o real, porque en teoría puede haber denuncias falsas (Art. 245 CP) de delitos de acción pública contra persona determinada (Art. 109 CP), pero por un mismo hecho no se pueden celebrar dos juicios penales: uno de acción pública, impulsado por jueces y fiscales, con sumario y posterior debate; y el otro de acción privada, dependiente de la actividad del querellante y sin etapa instructoria.

                            Por esa razón, la Cámara del Crimen de la Capital Federal decidió en el fallo plenario “Buloj, Jorge” [1] que “Los delitos de calumnia y de falsa denuncia, involucrados en un hecho único, se excluyen recíprocamente”.

                            ¿Cómo opera en la práctica esta división? ¿Cuándo un caso debe ser tipificado como falsa denuncia y cuándo como calumnia?.

                            Las denuncias falsas pueden consistir en la invocación de un delito inexistente: “me robaron”, “mi automóvil ha sido sustraído”, “personas desconocidas violentaron la puerta de mi domicilio, me agredieron, etc..” En todos estos ejemplos no se menciona ni se pretende atribuir el delito a persona determinada. Estas denuncias falsas caen en la previsión del Art. 245 del C.Penal. En doctrina se las denomina “simulación de delito” [2]. Casi todas esas denuncias falsas se orientan a la posterior estafa de una compañía de seguros o al autoencubrimiento de una defraudación u otro delito anterior.

                            Cuando a la denuncia falsa se le agrega la atribución del delito a personas determinadas -por la indicación de sus nombres o porque contiene los datos necesarios para identificarlas-, el hecho constituye calumnia del Art. 109 del C.Penal: “Me robó Fulano”, “mi automóvil ha sido sustraído por Mengano”, “fui defraudado por mi socio”, etc..

                            Por cierto que esta forma de resolver el concurso aparente de normas deja muchas veces un sabor amargo, porque cuando los jueces han investigado un delito de acción pública originado en la falsa imputación dirigida contra una persona determinada, lo único que pueden hacer es sobreseer al atribulado inocente, que hasta pudo haber sido privado de la libertad o sometido a todas las desagradables consecuencias de un proceso penal.

                            En estos casos, no corresponde ordenar la extracción de testimonios, como hizo el magistrado que declaró la inexistencia de delito a favor del señor L.D. y su esposa. El único que está habilitado para accionar es el particular damnificado, por el delito de calumnia, mediante la promoción de una querella y, inevitablemente, con el auxilio de un abogado que lo patrocine.

                                                        IV

Algunas cuestiones relacionadas con el caso.

                                    No puedo pasar por alto que es frecuente el error de procedimiento en el que incurrieron no sólo el juez que sobreseyó al escribano por falsificación de documento, al promover la investigación por falsa denuncia, sino también el magistrado que aceptó intervenir y sobreseyó declarando prescripta la acción penal. De acuerdo al “plenario Buloj” ambos magistrados dieron trámite oficioso a un delito de acción privada y además el segundo tomó en consideración la  pena máxima de la falsa denuncia (un año de prisión), en vez de aplicar la correspondiente a la calumnia (tres años de prisión).

                            Pero, sea como fuere, una vez declarada la prescripción hay cosa juzgada, el hecho no puede ser motivo de un nuevo juicio penal y los imputados por la falsa denuncia calumniosa quedaron amparados por la garantía del ne bis in idem, que prohíbe la doble persecución penal.