Las declaraciones del imputado después de la reforma introducida por la ley 23.984.

Por José María Orgeira 

I. Las declaraciones previstas en el viejo Código de Procedimientos en Materia Penal para la Justicia Nacional.

                                                     En la redacción original (Ley 2372) sólo existía una declaración: la indagatoria, según lo establecido en el art.236 del Código de Procedimientos Penal. Como el llamado a prestar declaración indagatoria implicaba el procesamiento del imputado, cuando los jueces consideraban insuficientes los elementos de juicio para ordenar esta medida, optaban por interrogarlo en declaración testimonial, lo que, pese a la buen intención que inspiraba la medida, generaba dos serios reparos:

 1) la declaración testimonial se presta bajo juramento de decir verdad y con la prevención de que la falsedad, la mentira, está penada como falso testimonio (art. 276 del C.Penal), lo que contraría la garantía de que nadie está obligado a declarar contra sí mismo del art. 18 de la C.Nacional;

 2) si el imputado declara como testigo no tiene derecho a ser asistido por un abogado, que es otra garantía propia del derecho de defensa en juicio y las reglas del debido proceso legal, también de acuerdo al art. 18 de la C.Nacional.

                                                           Por esa razón, mediante el decreto ley 13.911 se agregó en 1962 una segunda parte al art.236 del Código de Procedimientos Penal, para poder interrogar al imputado "aún cuando no existiere el estado de sospecha", sin que implicara procesamiento y con todas las garantías de la declaración indagatoria: asistencia letrada, información sobre los cargos existentes, derecho de negarse a declarar, etc..

                                                            Más tarde por ley 22.383 se reformó de nuevo este parte, para otorgarle mayores derechos a la persona que presta esta declaración "no jurada" o informativa (1).

II. El Código de Procedimientos Penal que entró en vigencia el 5 de septiembre.

A) Algunas diferencias importantes.

                                                               En primer lugar, se amplía notablemente el concepto de imputado, extendiéndose también sus derechos (2). Ahora lo es tanto la persona que "ha sido indicada de cualquier forma como partícipe de un hecho delictuoso" (art. 73) como la que presta declaración indagatoria (arts. 294), a quien en todas las disposiciones se lo menciona expresamente como el imputado (arts.295 a 305).

                                                                 Pero en este nuevo ordenamiento el imputado que presta declaración indagatoria no está procesado, resultando incorrecta para él esa denominación. Recién después de la indagatoria, en el término de diez días, el Juez tiene que decidir si decreta el procesamiento (Art.306) o, en cambio, declara que "no hay mérito para ordenar el procesa­miento ni tampoco para sobreseer" (art.309); la falta de mérito no cierra las puertas para un posterior procesamiento, basado en nuevas pruebas.

(1) El instituto de la declaración informativa ha sido útil, pero generó opiniones encontradas sobre cuáles eran los derechos del imputado no procesado, cuestión que excede el marco de este trabajo.( Ver sobre el particular: José I. Cafferata Nores, "El imputado", Marcos Lerner Editora Córdoba, 1982, pag. 47 y ss.; Ladislao José Juan Endre, "Algo más sobre la declaración no jurada del simple imputado en el proceso penal", L.L.1978 D, pag.1145; Miguel Angel Almeyra, "El imputado y sus agravios", Doctrina Judicial 1987-2, pag.449; Silvina G. Catucci, "Declaración indagatoria e informativa", Ediar, 1988, pag.137 y ss;  José Console, "Algo más sobre los derechos del imputado", en L.L.1991 A, pag.799; Carlos M. de Elía, "Facultades del imputado no procesado", L.L. 1991 E, pag.506; Adrián Marcelo Tenca, "El imputado no procesado y las garantías constitucionales", L.L. 1992 A, pag.522; Por otra parte, cabe señalar que se hizo un uso exagerado del art. 236, segunda parte, del Código de Procedimientos en lo Criminal, porque se acostumbraron muchos jueces a recibir declaración informativa, aún en situaciones claras de mérito para indagatoria, disponiendo el procesamiento (o sea, la indagatoria) sólo cuando estaban reunidos los extremos del art. 366 (prisión preventiva) o toda la prueba necesaria para que el Juez de Sentencia pudiera imponer luego una condena.

(2) David Elbio Dayenoff, "El imputado (Arts.72 a 78 del nuevo Código Procesal Penal -Ley 23.984), L.L. 1992 C, pag.1146; Marco Catón, "El imputado y la legislación procesal "in extremis" o la bienvenida al nuevo Código", Doctrina Judicial, 1992-1, pag.417.

B) Las formas posibles de declaración de un imputado.

1) Presentación espontánea para dar explicaciones.

                                               De acuerdo a lo establecido en el art. 73 "la persona a quien se le imputare la comisión de un delito por el que se está instruyendo causa tiene derecho, aun cuando no hubiere sido indagada, a presentarse al tribunal, personalmente con su abogado defensor, aclarando los hechos e indicando las pruebas que, a su juicio, puedan ser útiles". A mi juicio, esta presentación puede ser mediante un escrito o solicitando la recepción de una declaración por el Tribunal (3)

                                               Esta facultad surge también del art.279, según el cual "la persona contra la cual se hubiera iniciado o esté por iniciarse un proceso, podrá presentarse ante el juez competente a fin de declarar".

2) Citación judicial para que el imputado formule descargos.

                                               No es imprescindible que la iniciativa parta del imputado, porque el propio Juez a cargo de la etapa instructoria puede tener interés en escuchar los descargos de aquel que resulta sindicado como posible autor de un delito. Los artículos mencionados son igualmente aplicables. En el Código de Procedimientos comentado de Ricardo Levene (h), Casanovas, Levene (n) y Hortel, al glosar el art.73 se señala que la norma sirve cuando "el imputado pide ser oído o el Juez lo llama".

                                               Esta es la interpretación que ya le están dando algunos jueces de Instrucción, pudiendo citar, entre otros, a los dres. Miguel Angel Caminos, Adolfo Calvete, Alejandro Martín Becerra (4) y Héctor Grieben.

(3) Luis Darritchon, en "Cómo es el nuevo proceso penal", t.2, Abeledo-Perrot, 1992, pag.87, considera que sólo puede ser por escrito, pero no advierto por qué motivo no el imputado no puede requerir se tomen sus dichos en un acta; de lo contrario, se vería prácticamente siempre en la necesidad de contratar un abogado para que actúe como su defensor.

(4) Estos magistrados, junto con el dr. José Alberto Seyahian (ex Juez de Instrucción y ex Juez de la Cámara del Crimen) son los expositores de un curso dictado sobre la Reforma Procesal Penal durante el mes de octubre en la Asociación de Abogados de Buenos Aires.

                                                           Por supuesto, que el imputado tiene siempre derecho a negarse a declarar (arts. 296 y 299), acorde con la garantía constitucional del art. 18.

3) La declaración indagatoria.

                                               Es la prevista en los arts. 294 y siguientes del nuevo Código "cuando hubiere motivo bastante para sospechar que una persona ha participado en la comisión de un delito". Cuando el Juez a cargo de la etapa instructoria considere que están dadas las condiciones para recibir declaración indagatoria, las presentaciones espontáneas de los imputados previstas en los arts. 73 y 279 sólo originan la recepción más urgente de dicha indagatoria pero no determinarán variaciones en las formalidades del acto.

4) De dónde surge que hay declaraciones que no revisten el carácter de indagatorias.

                                               Si estamos persuadidos de que no todas las declaracio­nes del imputado tendrán el carácter de indagatoria (5) es porque hacemos un análisis sistemático de las diferentes normas aplicables (6):

(5) Esta no es la opinión que sustenta Miguel A.Almeyra en "Las formas de la indagatoria instruccional en la nueva ley de enjuiciamiento", L.L. ejemplar del 5/10/1992. El distinguido autor considera "que la declaración indagatoria es la única forma de recibir el relato del imputado".

(6) En lo tocante a la correcta inteligencia de un determinado ordenamiento jurídico ha influído mucho en mí la autorizada opinión de Sebastián Soler. Para salvar el problema derivado de las aparentes contradicciones que a menudo surgen de una primera lectura de una ley pone el acento en la "unidad sistemática, de coherencia interna ya ínsita en la idea misma de lo que es un orden jurídico" ("La interpretación de la ley", Ediciones Ariel, Barcelona, 1962, pag.112). Y más adelante agrega: "esa especie de recorte, asilamiento e independización de cada precepto proviene de la ingeniudad de confundir la autonomía gramatical de una frase con la autonomía jurídica de una regulación independiente. Si dos preceptos pertenecen al mismo régimen jurídico, si ambos derivan de la misma constitución, es manifiesto que no pueden contradecirse, y que, por lo tanto, entre ellos media, por necesidad, una relación que puede llegar a interferir, alterar, corregir su respectivo contenido. Los preceptos pertenecientes a un mismo orden jurídico se presentan como autónomos sólo gramaticalmente, por la sencilla razón de que todo legislador humano debe expresar su voluntad mediante palabras, y le es forzoso decir una cosa antes y otra después; no las puede decir todas al mismo tiempo." (obra cit., pag.185, con remisión parcial a García Maynez, "introducción a la lógica jurídica", México, Fondo de Cultura, 1951, p.33 y ss.)

            1º) En primer lugar, la redacción del art. 73 es indicativa de que se acuerda la facultad de "aclarar los hechos e indicar las pruebas" a la persona imputada "aún cuando no hubiere sido indagada"; y entre quienes revisten la condición de imputados se encuentra hasta la persona "indicada de cualquier forma como partícipe de un hecho delictuoso" (art.72), situación que no parece tener parangón con el "motivo bastante de sospecha" del art. 294;

            2º) Por otra parte, el art.279, relativo a la facultad del imputado de presentarse a prestar declaración espontánea, se indica claramente: "Si la declaración fuere recibida en la forma prescripta para la indagatoria, valdrá como tal a cualquier efecto", lo que confirma nuestra hipóteis de que hay declaraciones distintas a la indagatoria.(7)

5) Por qué algunos consideran que sólo hay en este Código declaración indagatoria.

                                                           En el proyecto originario se había incluído expresamente en el art. 73 la facultad del tribunal de citar al imputado a "dar explicaciones no juradas, sin que ello importe su procesamiento", agregado que fue suprimido y no aparece en el texto definitivo de la ley vigente.

                                                           Sin embargo, la eliminación de ese agregado no es suficiente, porque no han desaparecido las restantes disposiciones que justifican nuestra interpretación.

Por otra parte, se trataba de un párrafo poco feliz, porque dentro de la estructura de este nuevo Código de Procedimientos nunca la recepción de declaraciones no juradas puede implicar procesamiento y, como puntualizamos, ni siquiera el que presta declaración indagatoria queda por ello procesado, siendo necesario que el Juez opte por procesar con posterioridad a la indagatoria (Art.306), si no se inclina por la declaración de falta de mérito (art.309)

(7) También se toma de este artículo Luis Darritchon (obra cit.,t.2, pag.89) para aceptar que existe por lo menos otra forma de declarar que no es la indagatoria.

6) Cuáles son las ventajas procesales que justifican la existencia de declaraciones que no resulten formalmente indagatoria.

                                               a) si cualquier explicación que brinde el imputado tiene que ser receptada en una declaración indagatoria, existiendo además obligación para el juez que instruye el sumario de escuchar los descargos y recibir las pruebas en cuanto el interesado solicite exponer (Arts.73 y 279), se dislocarían las investigaciones, porque el magistrado estará constreñido a resolver dentro de los diez días posteriores a la declaración indagatoria si decreta el procesamiento o la falta de mérito (art.306), decisión que resulta apelable por la parte que se considere agraviada (art.311).

                                               b) en ese breve lapso de diez días el Magistrado puede estar todavía a la espera del resultado de otras pruebas, quizá con entidad para modificar sustancialmente el cuadro procesal;

                                               c) si se deja en manos del Juez la elección del momento oportuno para indagar, aunque esta diligencia sea ahora eminemente un medio de defensa, y no de prueba, el desarrollo del acto será más lógico; porque después de escuchar los descargos el Juez puede "formular al indagado las preguntas que estime convenientes" (art.299) y en muchos casos mal podrá interrogar sin contar con todos los elementos de juicio necesarios;

                                               d) es más razonable que el Juez llame a indagatoria u ordene recibirla ante presentación espontánea cuando estén dadas las condiciones señaladas en el art.294: "motivo bastante para sospechar que una persona ha participado en la comisión de un delito";

                                               e) cuando se recibe declaración indagatoria es ineludible, aunque rija el secreto sumarial, hacer conocer al imputado no sólo "cuál es el hecho que se le atribuye" sino también "cuáles son las pruebas existentes en su contra" (art.298), lo que el Juez no está obligado a hacer cuando sólo recibe aclaraciones, meros descargos o aporte de eventuales pruebas.

                                               f) el imputado no sufre perjuicio alguno al declarar sin que implique indagatoria, porque igual goza de todas las garantías necesarias y puede estar acompañado del abogado de su confianza -que por esa sola presentación interviene como defensor-, no corriendo el riesgo de ser prematuramente "favorecido" por un auto de falta de mérito (art.308), que, apelado por el Fiscal o el querellante (art.311) y, revocatoria mediante, provocará que la Cámara disponga un procesamiento que a lo mejor se habría evitado si la indagatoria se hubiera tomado en tiempo oportuno, y no antes.  

6) La declaración indagatoria del imputado durante el debate.

                                               También esta declaración tiene sustanciales diferencias con las restantes conocidas:

                                               a) en el Código viejo sólo el propio imputado podía  pedir ampliar su declaración indagatoria; en cambio, ahora, en el juicio oral y público, de acuerdo a lo establecido en el art.378  "después de la apertura del debate o de resueltas las cuestiones incidentales en el sentido de la prosecución del juicio", el presidente del Tribunal "procederá, bajo pena de nulidad, a recibir la declaración al imputado, conforme a los arts.296 y siguientes" (o sea, una declaración igual o similar a la prestada durante la etapa instructoria);

                                               b) el imputado se puede negar a declarar, pero su negativa o las contradicciones en que incurra -las que se le harán notar- determinarán que se proceda a leer las declaraciones indagatorias prestadas durante el sumario.

                                               c) ahora también se puede reiniciar el interrogatorio del imputado en cualquier momento del debate a través de "preguntas aclaratorias" (art.378 "in fine");

                                               d) el propio imputado está habilitado también "a efectuar todas las declaraciones que considere oportunas, siempre que se refieran a su defensa" (art.380);

                                               e) a diferencia de lo que sucede en la etapa sumarial, en la que el imputado declara ante el Juez con la sola presencia de su defensor y eventualmente del Fiscal (art.295), en la etapa del debate lo deberá hacer ante todas las partes presentes, incluso el actor civil, y el público que haya concurrido a la audiencia, salvo que se haya resuelto celebrar el juicio a puertas cerradas por motivos particulares (art.363).

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